Los derechos y la dignidad de la mujer ante todo
La entrada en vigor de la nueva ley de interrupción del embarazo ha permitido observar conductas obscenas en quienes pretenden envolverse en valores morales. El desprecio a los derechos de la mujer se adoba en pláticas supuestamente morales en quienes pretenden condicionar la vida civil a los dictados de la Iglesia: lo mismo que ocurre en los países islamistas donde la religión tiene efectos civiles.
La vieja y rancia derecha española, en cuya vanguardia se sitúa el Partido Popular, ha pretendido reavivar y reproducir un debate que se celebró en toda Europa hace más de sesenta años y en España hace veinticinco: el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y, en consecuencia, a interrumpir su embarazo en algunos casos y ahora en algunos plazos.
El debate manipulador de la derecha mezcla discusiones de la antigua ley y de la nueva en cócteles electoralistas servidos con total manipulación.
Enumeremos algunos. Primero, si lo que se objeta son los derechos del nascituros o lo que es lo mismo, la prohibición total del aborto por primar la pretendida defensa del feto desde la fecundación, ¿qué hizo el PP y la Iglesia Católica en todos los años en los que este partido estuvo en el gobierno sin tomar medida alguna sobre aspectos que resultan fundamentales cuando gobierna el PSOE?
Segundo: la ley anterior, vigente durante los gobiernos de Aznar, era mucho más permisiva, y al no establecer plazos ni obligatoriedad de informar a las mujeres embarazadas de las ayudas económicas y psicológicas para proseguir con su embarazos, abría mucho más el abanico a la expectativa de abortar sin manifestar tan decididamente como la nueva ley la disminución de abortos como objetivo político. La nueva ley establece muchas más garantías para potenciar la disminución de embarazos no deseados y de interrupción de los mismos.
Por último, y no por ello menos importante, las declaraciones continuas de los dirigentes del PP y de algunos de sus representantes autonómicos, poniendo trabas -incluso ilegales- a la aplicación de una ley de las Cortes Generales, no hacen sino criminalizar a las mujeres que toman la opción de interrumpir su embarazo, llegando al extremo de condenarles a una emigración clínica a otras comunidades, que recuerda la etapa de dictadura felizmente superada cuando las mujeres españolas tenían que viajar clandestinamente al extranjero para interrumpir su gestación. Una vez más demuestra la derecha española el respeto que tiene por la dignidad de la mujer y lo dispuestos que están a interrumpir el proceso de igualdad de género en el que estamos comprometidos todos los demócratas.
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