La utilidad de las manifestaciones en función de quien las convoca
José Montilla y José Luis Rodríguez Zapatero se van a reunir en La Moncloa para tratar de la sentencia del Tribunal Constitucional y de las consecuencias que puedan derivarse de la manifestación de Barcelona. En medio, la exaltación de la obviedad y de la cuadratura del círculo: se quiere poner remedio a un problema que no sólo es de Cataluña –el mal llamado problema catalán, Montilla “dixit”- sino de España. Muy bien, ojala acierten en explicar cual es ese problema para que podamos hacer cábalas sobre su solución. Y sobre todo, para saber si tal solución existe como una realidad estable o son sólo soluciones hasta la siguiente reivindicación nacionalista; de los adheridos a esa ideología nunca sabemos su grado de satisfacción, con el agravante que una parte importante de la izquierda española ha determinado que la insaciabilidad es progresista.
Habría que tomar una decisión previa que nos comprometiera a todos: saber si las instituciones, quienes las dirigen y los líderes políticos, están sometidos al imperio de la ley. Es una pregunta clave porque determinará todos los comportamientos. Eso se llama “estado de derecho”, en donde todas las conductas, incluso las del Rey, están sometidas a las leyes.
Desde ese punto de vista, modificar la sentencia del Tribunal Constitucional -y por lo tanto sus consecuencias- sólo tiene dos vías posibles. Aplicar la sentencia con los llamados “recortes” que contiene, incluidas las vías que sugiere para, por medio de una ley orgánica, solventar incompatibilidades entre el Estatuto y la Constitución, y encajar los preceptos que ahora chocan y tienen solución por esa vía, o revisar la Constitución para que encaje en ella la redacción del estatuto antes de que fuera modificado por la sentencia. Eso incluiría –siempre para satisfacer a los insatisfechos desde el nacionalismo catalán- el cambio de concepto de la “indivisible nación española” y la parcelación de la soberanía por la de un estado confederal, compuesto de naciones que eligen unirse sin compartir la soberanía que radicaría en las autonomías. Salvo que lo que se pretenda sea una “excepción catalana”, en la que lo que entonces sería una “nación” optaría o no por unirse con el resto de España sin ceder una soberanía que en ese caso sería privativa de Cataluña.
Así de sencillo, tanto, que hasta el más limitado de nuestros dirigentes políticos, no tendría por qué tener dificultades de comprensión.
El caso es que el presidente de la Generalitat de Catalunya invoca una manifestación -cuyos asistentes oscilan entre los cincuenta y seis mil que daba el método científico de una empresa de medición contratada por la agencia EFE, y el millón y medio que aseguran los convocantes que afluyeron- para modificar la sentencia del Constitucional. No debiera ser un dato menor llegar a un consenso sobre las cifras, si se quieren utilizar como valor de influencia política –e incluso hasta jurídica- de acuerdo con algunos dichos sobreentendidos y nunca bien explicados, por los que los convocantes de cada marcha tienen derecho a conseguir que el Gobierno no puede “desentender” el clamor de los que así se expresan.
Bueno, llegados a este punto, ¿qué quieren quienes se arrogan la representación de los manifestantes, que iban desde la más animosa manifestación independentista y de desprecio hacia España, hasta quienes sólo quería demostrar su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional?
José Montilla y el resto de los dirigentes políticos nacionalistas catalanes no aclaran del todo nunca si están dispuestos a someterse al dictado de la ley. Es decir, si respetan la Constitución y lo desarrollado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Si fuera así, cosa dudosa, no tiene otra vía de escape que la modificación de la Constitución. Y tampoco ayuda mucho el Gobierno cuando su vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega afirma, según el diario El País:
“La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que el marco y el modelo político que establece el Estatuto para Cataluña caben “perfectamente” en la Constitución”.
De la Vega ha subrayado además que la autonomía que, “en base a su identidad”, reclama el pueblo catalán tiene espacio en el proyecto “plural y diverso, pero común, que es España”. ¿Qué quiere decir la vicepresidenta del Gobierno de España con estas manifestaciones? Qué es lo que cabe en la Constitución, ¿lo que pretende Montilla o lo que dice la sentencia del Constitucional?, porque son cosas bien distintas.
Al margen de que no hay democracia posible sin estado de derecho, convendría que también nos pusiéramos de acuerdo en los casos en los que el Gobierno tiene que tomar en consideración a los manifestantes. ¿Además de las complejos y a veces contradictorios reclamos de los manifestantes de Barcelona, tienen el mismo valor reivindicativo las manifestaciones apoyadas por la Iglesia Católica española, las que piden la anulación de la ley de interrupción del embarazo o las que en su día se pronunciaban en contra de la negociación con ETA?
¿Cómo se modula la validez de las reclamaciones cuando los manifestantes chocan con la ley? Si la huelga general del 29 de septiembre tiene éxito, ¿estará dispuesto el Gobierno a encajar las demandas de los sindicatos en las medidas legales para combatir la crisis?
La coherencia es la obligación intelectual de que las reflexiones encadenadas, tendentes a analizar un problema y sus soluciones, no sean contradictorias entre sí, de manera que puedan formar un conjunto armónico en el que todas las afirmaciones se puedan soportar las unas en las otras. Ser coherente es una servidumbre intelectual que impide que una cosas y la contraria puedan coexistir. En este mundo, en esta época que nos ha tocado vivir, la coherencia se ha convertido en un menú a la carta en la que los platos pueden combinarse con el choque más rotundo de sabores. Lo que conviene sirve y encontrará mecanismos de estar justificado y ser compatible con la resolución contraria, cuando las utilidades cambian es el milagro de la alquimia de nuestra clase dirigente. En ese sentido, a las manifestaciones hay que hacerles caso siempre que sean favorables. El problema grave que tenemos con esta es que ni siquiera los convocantes son coherentes entre si. ( Artículo publicado en el periódico El Plural.com)
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