El mundo se desmorona, y nosotros nos desenamoramos. (Reverso de la expresión de Ingrid Bergman a Humphrey Bogart en Casablanca, aplicado a la sentencia del Constitucional)
Sólo en España es aplicable una formulación mediante la cual los políticos pueden estar a la vez contentos y contrariados con un mismo asunto, en función de la utilidad que tengan para sus parroquias esos extremos contradictorios. Es una variable de la tendencia a decir una cosa y la contraria en función del auditorio. La coherencia no cotiza en el mercado de valores de la política española.
Está ocurriendo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña-
De esa manera, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, exaltó la derrota del PP en el mismo momento en que el presidente de la Generalitat y ex ministro del Gobierno, del que sigue siendo vicepresidenta Fernández de la Vega, José Montilla, se mostró indignado por lo decidido por el Tribunal Constitucional y se puso a organizar manifestaciones como si fueran actos de gobierno. Y al mismo tiempo Montilla reconce que la sentencia ha respetado lo central y nuclear del estatuto. En el fondo Montilla dice que está satisfecho porque ha derrotado al PP pero contrariado porque le han tocado su estatuto.
Nadie quiere aceptar sus responsabilidades en la cadena de despropósitos del proceso de elaboración del estatuto de Cataluña. Pascual Maragall, enfermo, y ahora fuera de la política, convenció en su día a José Luis Rodríguez Zapatero del pistoletazo de salida. El presidente se comprometió públicamente a aceptar y apoyar el texto que llegara del Parlament. Quizá fue la primera vez que Zapatero tomó una decisión sin pensar que los actos políticos tienen consecuencias vinculadas.
No hubo consenso en Cataluña, lo cual permitió sumar a la cerrazón del PP la rentabilidad instantánea para todos de que el partido nacionalista español por excelencia quedara fuera del proceso. La derecha españolista quedaba fuera y servía además como coartada para demostrar el carácter catalanista del proceso.
El Parlamento de Cataluña mandó al Congreso un texto imposible porque el PSC no hizo de moderador sino de agitador. Y allí, en expresión de Alfonso Guerra, se “cepilló” el texto hasta donde se pudo. El mecanismo previsto en la Constitución fue activado por el PP y por el Defensor del Pueblo; y presentaron recursos de inconstitucional mientras los partidos políticos permitían que el Tribunal Constitucional se degradase por falta de consenso en su renovación. En una pirueta final, el presidente Zapatero pactó con Artur Mas rectificaciones y estrategias al margen de la Generalitat y del PSC. Una trampa que duró poco.
Cargar contra el Tribunal Constitucional es la forma más cómoda de derivar responsabilidades. Si la posibilidad de recurso existe, que se ejercite es un acto que no se puede demonizar. Y si el PSOE y el PP son incapaces de llegar a un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, la responsabilidad fundamental es de los líderes de estos partidos y no de los magistrados que lo componen.
Esta retahíla de despropósitos no tiene fin. Ahora Montilla, que reconoce que la sentencia salva la parte central del Estatuto, llama a la movilización; Ezquerra Republicana, que se dio el lujo de votar contra este estatuto y pedir el voto negativo en el referendo, defiende ahora el estatuto como si fuera su hijo preferido. Y Zapatero mira al tendido a ver si escampa, que bastante tiene.
La gran abstención de los catalanes en el referendo no se recuerda, porque es de mal gusto hablar del desapego de los ciudadanos de Cataluña con toda esta operación política. Lo que se estila es fomentar la desafección –concepto permanentemente manejado por José Montilla como amenaza- y activar mecanismos de protesta en medio de la mayor crisis económica desde la Gran Depresión.
El tema fundamental no es el contenido de la sentencia que no menoscaba de manera importante la capacidad de gobierno de la Generalitat y del Parlament, y permite una solución a un problema envenenado durante cuatro años. Fija conceptos que son inequívocos en la Constitución, como la indisolubilidad de la soberanía de los españoles o la imposibilidad de una nación de naciones. Pero en general, nada que ver con el recurso presentado.
El problema de fondo es que los partidos catalanistas y las instituciones catalanas no están dispuestos a aceptar la legitimidad del Tribunal Constitucional como última instancia de resolución de conflictos que pongan en cuestión la constitucionalidad de una ley orgánica refrendada por los ciudadanos de esa comunidad. El conflicto de Montilla no es con la sentencia ni con el tribunal, es con la Constitución.
Para solucionar este problema habría que hacer varias cosas, todas de carácter complejo: la primera, un gran pacto político basado en el concepto de “patriotismo constitucional” que dejando a un lado el peso de la historia para conceptualizar España, determinara que los valores de la Constitución, incluidos naturalmente los referidos al estado autonómico, constituyen el bagaje para construir el concepto de un patriotismo para todos en el que España como marca de identidad de la nación española pudiera ser asumida por los españoles de todas las latitudes. Naturalmente es un pacto de lealtad y de alumbramiento de una democracia asentada en reglas respetadas por todos. A partir de ahí, construir instituciones sólidas e indiscutibles e indiscutidas como el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Los pilares de la Justicia y de la interpretación de la Constitución para resolver con autoridad todo tipo de conflictos.
España se está agotando en un estéril e inacabable debate identitario en donde es imposible llegar a consensos básicos de futuro por los choques permanentes entre una derecha ultramontana, rancia y centralista contra unos nacionalismos periféricos que se reforzaron con la intransigencia de Aznar y han incrementado la tecnología de la tensión como forma de crecimiento.
Algunas partes de la familia socialista han caído en esa trampa. El paradigma es el PSC. Pero también le paso al PSGA en su pacto con el Bloque Nacionalista Galego (BNGA) . Entonces el PSGA perdió las elecciones y en las próximas le ocurrirá lo mismo al PSC, por equivocarse de electorado. Ahora Montilla, en vez de apaciguar, excita. Si reconoce que la sentencia es una derrota del PP, ¿por qué actúa como si fuera una derrota suya? Si dice que la sentencia respeta la centralidad del Estatuto, ¿por qué se muestra indignado? ¿Podría tomarse alguien la molestia de intentar ser estadista?
Un socialista que ha sido miembro del Gobierno de España pretende que lo sucedido es un pacto político entre el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados, refrendado por los ciudadanos de la autonomía, -dicho sea de paso, con una bajísima participación, que no deslegitima la consulta pero pone en duda la afección de los catalanes con su estatuto- en el que no podría intervenir nadie más. La desautorización del Tribunal Constitucional ha pasado de ser tácita a ser explícita. Una institución más dentro del debate político y deslegitimada como ha sido el Tribunal Supremo por procesar a un juez que podría haber cometido tres delitos graves.
José Montilla cree que su salvación electoral es quitarse el ropaje de estadista, si es que alguna vez lo ha tenido, para vestirse otra vez de muñidor de políticas de corto recorrido. Y el tiro le va a salir por la culata, porque está alimentando el nacionalismo catalán, que tiene sus representantes específicos, y fomenta la desafección con España en contra de lo que sería su única tabla de salvación: el equilibrio entre la autonomía catalana y el patriotismo constitucional español.
Nadie piensa ni en Cataluña ni en España. A diferencia de la película Casablanca, donde Ingrid Bergman le decía a Bogart: “el mundo se está hundiendo y nosotros nos enamoramos”, en España, cuando nuestro mundo se está hundiendo, no sólo seguimos desenamorándonos sino que vamos camino del odio desintegrador. Así nos va.
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